¿A favor o en contra?

Esta pregunta habitualmente ordena el debate público sobre el aborto. Es tramposa, habría que evitarla. De acuerdo con el Código Penal en la Republica Argentina, el aborto está permitido sólo cuando se trata de la violación de una mujer idiota o demente, o si corre riesgos de muerte la embarazada. Y como sabemos por el caso en Paraná, los médicos ni siquiera cumplieron su obligación ética, ni se cumplio el derecho legal de la víctima.
Lo que la ciudadanía tiene que discutir es si el aborto sigue penalizado, o si el aborto es despenalizado en la Argentina. Esto es, si una mujer tiene o no tiene que ir presa por realizarse un aborto. Somos muchos -una mayoría, según indican las encuestas de opinión pública realizadas en el país en los últimos años- quienes estamos de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

¿Qué quiere decir?: quienes estamos de acuerdo con la despenalización estamos a favor de que las mujeres no mueran por complicaciones de abortos inseguros: un tercio de las muertes maternas en la Argentina se deben a esta causa. Estamos a favor de que las mujeres no sufran física y psicológicamente por hacerse un aborto en condiciones riesgosas: alrededor de 80.000 mujeres por año se internan en los hospitales públicos por complicaciones de abortos inseguros y muchas de ellas sufren infecciones que las dejan infértiles. Estamos a favor de que las mujeres no se vean forzadas a seguir un embarazo que implicará responsabilidades que no están en condiciones de asumir. Y los niños necesitan madres y padres que los amen y puedan cuidar y criar adecuadamente. También estamos a favor de que las mujeres no retrasen la búsqueda de atención médica por temor a la denuncia policial que, en la mayoría de los casos las espera cuando se internan en los hospitales. Por último, también estamos a favor de que las mujeres puedan tomar decisiones de acuerdo a sus convicciones personales.
Quienes estamos de acuerdo con la despenalización también estamos a favor de que las mujeres puedan evitar un aborto. Para ello, prevenir un embarazo no deseado es la única alternativa. Y para que esto sea posible para todas las mujeres, en especial las más pobres y vulnerables de nuestra sociedad, la anticoncepción y las relaciones sexuales consentidas son piezas clave. El acceso a la anticoncepción es un eje de la política pública actual. No fue fácil conseguirlo y todavía hay sectores que se oponen a que el Estado asuma su responsabilidad para garantizar esta prestación básica de salud y este derecho humano de varones y mujeres. Las relaciones sexuales consentidas necesitan cambios culturales en las relaciones de poder entre los varones y las mujeres. También de cambios en las políticas públicas.

La educación sexual en las escuelas -que, lamentablemente, todavía pendiente- puede y debe ayudar en esa dirección. A pesar de la penalización vigente, las mujeres de nuestro país recurren al aborto porque no pueden ni quieren llevar adelante un embarazo. Despenalizar el aborto no hará que las mujeres practiquen más abortos; sólo hará que puedan hacerlo de acuerdo a su decisión y en condiciones que no pongan en riesgo su vida y su salud. Despenalizar el aborto no hará obligatoria su práctica; quienes estén en desacuerdo con esta opción también podrán decidir conforme a sus convicciones. Una sociedad democrática debe respetar estas diferencias y las políticas públicas deben garantizar la salud de todas las mujeres.